Buenos Aires. El presidente ultraderechista Javier Milei respaldó ayer las decisiones tomadas por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación a la reciente manifestación de jubilados ocurrida el 12 de marzo. La protesta, que reunió a hinchas de distintos clubes y sindicalistas, se tornó violenta y los manifestantes fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.
El mandatario advirtió que las fuerzas del orden son los “buenos”, mientras que los manifestantes que causan disturbios son los “malos”. Milei expresó su apoyo a la ministra y dejó claro que está dispuesto a utilizar medidas severas para garantizar el orden.
Un video captado por drones mostró el momento en que se produjeron disparos durante la manifestación, lo que avivó aún más el debate sobre el uso de la fuerza en este tipo de situaciones.
Bullrich justificó la actuación de la policía, alegando que la protesta había sido violenta, aunque no se registraron manifestantes armados. Las fuentes han insistido en que la provocación fue orquestada por grupos alternativos y provocadores.
Tras los enfrentamientos, algunos manifestantes habrían intentado hacer uso de bidones y otros objetos como armas contra las fuerzas del orden. Bullrich alegó que hay una necesidad de enfrentar y enjuiciar a quienes fomentan la violencia en estas manifestaciones.
Asimismo, la ministra de Seguridad presentó denuncias penales contra varios individuos involucrados en los disturbios, acusándolos de asociación ilícita y atentados contra la propiedad. Bullrich sostiene que han identificado a grupos organizados que buscan desestabilizar el orden público y atacar a las fuerzas de seguridad.
Entre los acusados se encuentran figuras políticamente relevantes, incluidos exlíderes de movimientos sociales. La diputada Lilia Lemoine, cercana a Milei, también hizo declaraciones justificando las acciones del gobierno y advirtiendo sobre la posibilidad de que ocurrieran muertes en futuras manifestaciones.
Por otro lado, la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 detenidos tras la manifestación, defendió su decisión, indicando que no había motivos suficientes para mantener a los arrestados en custodia. A su vez, se han presentado demandas de juicio político en contra del presidente y su gabinete de Seguridad por su manejo de la situación.
