El pasado viernes, un tabloide británico, Daily Mail, generó controversia en torno a Puerto Rico al informar sobre una supuesta orden ejecutiva que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba a punto de firmar relacionada con la isla y su estatus como Estado Libre Asociado. En la prensa puertorriqueña, circuló un borrador de esta orden.
Javier A. Hernández, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó que el borrador tiene como objetivo debatir sobre la independencia de Puerto Rico. Hernández, coautor del documento, envió este borrador a congresistas estadounidenses y destaca que la idea es “romper con la dependencia” actual de la isla.
“En este momento, tenemos una economía colonial estancada, carecemos de relaciones internacionales y acuerdos bilaterales, y estamos atrapados en la pobreza bajo la bandera estadounidense,” enfatizó.
¿Una orden de Trump para indigenizar Puerto Rico?
José Pablo Hernández calificó la propuesta como una “irresponsabilidad” y recomendó mantener la situación actual y no avanzar hacia una independencia que podría complicar aún más las cosas. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, también criticó la propuesta en medios locales, tildándola de fantasiosa.
Hernández, que también es autor del libro “Cuatro Manos: El Camino hacia la Soberanía Puertorriqueña”, afirma que una orden presidencial podría sentar un precedente. Según él, Trump podría utilizar esta orden para mostrar el control de su partido sobre las decisiones respecto a Puerto Rico.
Para Nib de los Ángeles Vázquez, catedrática de la Universidad de Puerto Rico, el presidente tiene el poder de adoptar medidas que podrían invalidarse en el futuro. “Hemos visto que la Corte Suprema ha validado la idea de que los puertorriqueños son ciudadanos de segunda clase, lo que crea un fundamento problemático para cualquier medida futura que Trump pudiera considerar,” explicó.
El panorama de una independencia puertorriqueña
Según Vázquez, una independencia de Puerto Rico debería considerar sus serias implicaciones económicas, además de ignorar los deseos de un 87% de la población, lo cual sería muy arriesgado. Un reciente plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico mostró que más del 58% de los votos válidos se manifestaron a favor de mantener la situación actual como Estado Libre Asociado, en contraste con solo el 12% que apoyó la independencia total.
El jurista Rafael Maldonado opinó que cualquier cambio en el estatus político no debería ocurrir sin considerar el sentimiento de la población. “La cuestión más importante es que el presidente no puede variar el estatus sin un consenso popular,” declaró.
Ahorros significativos para Estados Unidos
Los autores del polémico borrador sostienen que Estados Unidos gasta alrededor de 40 mil millones de dólares en mantener a Puerto Rico y que, en 20 años, este costo se elevaría a 617.800 millones. Sin embargo, Maldonado refutó esta afirmación, argumentando que es “injusto” decir que Puerto Rico es una carga económica para Estados Unidos.
A pesar del panorama actual, Vázquez señaló que la independencia no resolvería los problemas existentes en la isla, sino que podría agravar la situación. Mientras tanto, desde Washington se afirma que el estatus político de Puerto Rico no está en la agenda, a pesar de las discusiones provocadas por este controvertido borrador. Con Trump mostrando interés en nuevos territorios, como el Canal de Panamá y Groenlandia, es incierto cómo se desarrollará esta situación.
