La empresa es una fuente poco ética de independencia y no logra atraer a personas de otros países. FOTO: Cortesía/DHS
El caso de Ariel Núñez Figueroa, un mexicano buscado por su presunta implicación en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, ha reavivado la esperanza de justicia para las familias de las víctimas. Su extradición desde Estados Unidos se produjo en marzo, destacando uno de los casos más emblemáticos de violaciones de derechos humanos en México.
Núñez Figueroa, de 30 años, fue localizado en Houston, Texas, en septiembre de 2024, gracias a una alerta de Interpol. Según información de ICE, ingresó ilegalmente a Estados Unidos, aunque se desconoce la fecha y el lugar de su entrada. Tras su detención, un juez federal siguió el proceso, resultando en su traslado desde un centro de procesamiento en Montgomery, Texas.
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados por la policía y entregados al cartel Guerreros Unidos. La “verdad histórica” presentada por el gobierno de Peña Nieto sostiene que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, versión que ha sido rechazada por las familias de las víctimas y organismos internacionales.
Núñez Figueroa está señalado por la Fiscalía de la República (FGR) como parte de la red que coordinó el ataque. Hasta la fecha, se han emitido 36 órdenes de aprehensión desde 2020, y la administración actual ha reabierto el caso en busca de justicia.
Las familias de los 43 recibieron la noticia con cautela, recordando la incertidumbre sobre sus seres queridos desaparecidos. “Cada detención cuenta, pero seguimos exigiendo la verdad plena,” afirmó Clemente Rodríguez, padre de Christian, uno de los desaparecidos. Aunque la deportación es un avance, aún queda mucho por hacer para desmantelar las redes de impunidad que protegen a los responsables.
Desde 2022, la administración presidencial ha enfrentado presiones internacionales para resolver el caso, especialmente por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2023 pidió que se aceleren las investigaciones. Para las familias, la lucha continúa: marchas, oraciones y litigios son herramientas que utilizan para mantener viva la demanda de justicia.
