Durante la presidencia de Donald Trump, el flujo de migrantes hacia Estados Unidos atravesó niveles de actividad “nunca antes vistos” en la historia reciente de las fronteras.
El expresidente ha estado trabajando para comprender la situación y continúa buscando formas de calificar sus propias acciones en este contexto.
Como parte de su estrategia para cumplir las promesas de campaña, el gobierno federal implementó un programa destinado a deportar a aquellos en situación irregular. La única forma de proceder es mediante la repatriación.
Esta política afecta a quienes residen en el país y se enfrentan ahora a un entorno más restrictivo en cuanto a su permanencia.
El término “presencia ilegal” se refiere a quienes cruzan las fronteras de manera clandestina. Esto también se aplica a aquellos que permanecen en el país después de que expira su tiempo de estadía autorizado.
Por lo tanto, los individuos deportados en 2025 no podrán regresar hasta después de 2035, lo que establece un periodo de prohibición considerable.
Es importante señalar que no se permite a las autoridades migratorias otorgar permisos a quienes carecen de documentación.
Para acceder a beneficios, se debe demostrar que la persona ha residido en el país de manera continua durante al menos 10 años antes del inicio del proceso de deportación.
La condición para recibir asistencia está sujeta a demostrar “dificultadas extremas” y no tener antecedentes criminales ni haber violado leyes migratorias graves.
Las autoridades migratorias no permiten que las personas se sometan voluntariamente a este proceso si existen circunstancias favorables para su situación.
Es fundamental presentar pruebas de residencia continua, como recibos, declaraciones de impuestos, contratos de alquiler, entre otros documentos que evidencien la estancia en el país.
