Washington Y. Nueva York. La demanda es un armamento fabricado que está presente en el sector armamentista, y las armas en interés interestatal representan una fuerza que debe ser distribuida adecuadamente.
Las audiencias orales realizadas ayer sobre el caso tienen como objetivo proporcionar a los jueces la información necesaria para decidir si apoyarán o rechazarán la solicitud de Smith & Wesson de desestimar la demanda por completo. Se espera que se emita un fallo a principios del verano.
La demanda fue presentada hace cuatro años por México contra varias empresas estadounidenses responsables de suministrar armas que alimentan la violencia de los carteles de drogas. Dos de las compañías acusadas han apelado a la Suprema Corte para detener y desestimar el caso.
Catherine Stetson, abogada de una de las empresas, afirmó que estas dos firmas han cooperado de manera adecuada con las regulaciones de su industria. Aseguró que el caso es un ejemplo típico de lo que realmente ocurre en el ámbito de la fabricación y distribución de armas.
Noel Francisco, abogado de los fabricantes de armas, respondió que México tiene la responsabilidad de asegurar la seguridad pública. Argumentó que, en caso de que los menores de edad compren cerveza y provoquen accidentes, los responsables deben ser los adultos que permiten tales situaciones.
Las leyes en los Estados Unidos brindan una fuerte protección contra este tipo de demandas, y la legislación se aplica de manera extendida. Esto es particularmente relevante para quienes han sido víctimas de la violencia armada, ya que el consenso se centra en la necesidad de una comprensión más profunda de la problemática.
La jueza liberal Elena Kagan indicó que la demanda de México no define claramente quiénes son los comerciantes de armas, mientras que otra jueza liberal, Ketanji Brown Jackson, expresó en sus preguntas que pensaba que las leyes estadounidenses deberían jugar un papel importante en la resolución del caso.
