La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha diversas estrategias para identificar a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Estas medidas incluyen la creación de un registro obligatorio, redadas en lugares de trabajo y el uso de datos personales para rastrear a estas personas.
Las acciones del gobierno han suscitado opiniones encontradas en distintos sectores de la sociedad. Mientras que algunos apoyan estos esfuerzos argumentando que son necesarios para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto que estas políticas tienen sobre las garantías de los inmigrantes.
Asimismo, estas políticas han sido objeto de múltiples litigios en tribunales federales. Grupos proinmigrantes sostienen que estas acciones vulneran derechos fundamentales. Según el Wall Street Journal, durante el mandato de Trump, se implementó un registro nacional para personas mayores de 14 años que deben proporcionar su información personal, incluidas huellas dactilares y direcciones residenciales, buscando identificar a aquellos que ingresaron al país sin autorización y no están registrados en los sistemas migratorios.
Además, las operaciones de control de inmigración han aumentado, resultando en la detención de individuos sin antecedentes criminales, lo que ha generado críticas de grupos de derechos humanos. En estados como Pensilvania, se han llevado a cabo inspecciones en lugares de trabajo, buscando posibles infracciones en la contratación de empleados.
El informe del Wall Street Journal también indica que la administración ha fortalecido programas que permiten a las fuerzas del orden realizar detenciones de personas sin documentos en diversas jurisdicciones. Sin embargo, en las llamadas “ciudades santuario”, las autoridades locales han mostrado resistencia a colaborar con estos esfuerzos. A pesar de que los cruces fronterizos han disminuido, la presencia militar en la frontera se mantiene como una medida de disuasión.
El gobierno también ha recurrido al uso de datos personales provenientes de diversas fuentes para identificar y localizar a los inmigrantes. Esto ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad y la legalidad de estas acciones. Las políticas de detención y deportación han sido objeto de críticas tanto por grupos de derechos civiles como por expertos en asuntos migratorios, quienes advierten que estas medidas pueden resultar en denuncias y malentendidos que afectan a comunidades enteras.
